90 Minutos
– El gobierno atado de manos
– Empresas integran la FMX
Por Antonio Velázquez Zárate
El tema de la intención del gobierno de México –entiéndase de cualquier nivel y para el caso que nos ocupa especialmente la cámara de senadores y diputados- de intervenir en asuntos del deporte profesional, no es nada nuevo, pero sí aislado y se ha dado en el fútbol y el béisbol, en este último cuando se dio el caso de la ANABE provocada por la rebelión de un grupo de peloteros.
En cuanto al fútbol, si mal no recordamos, se dio un episodio durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, cuando al inicio de su sexenio en 1988 se creó la Comisión Nacional del Deporte, supuestamente para coordinar el deporte nacional, acción en la que se incluyó aparte del deporte público, también el privado. Este fue el último pasaje relacionado con la intervención del gobierno, pero mucho antes se dieron muchos otros, pero solo en uno de ellos impactó directamente en el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol.
Nuestra investigación nos remontó al año de 1945, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, cuando al faltarle un año para dejar el mando un 24 de enero del mencionado 1945, ocurrió una intervención directa en la organización del fútbol profesional, al emitir un decreto mediante el cual creó la Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, que afectaban directamente al fútbol, entre ellas la regulación del número de jugadores extranjeros que podían participar en los equipos. No se trató simplemente de que el Gobierno financiara o promoviera el deporte: hubo una disposición gubernamental que incidió directamente sobre la composición de los equipos profesionales.
La investigación histórica del INAH señala que en esa época existían políticos y militares vinculados con la administración de clubes de fútbol y que la medida de 1945 generó una fuerte disputa alrededor de la presencia de jugadores extranjeros. El decreto presidencial de 1945, emitido por el presidente Manuel Ávila Camacho, señala principalmente la prohibición de celebrar juegos de futbol profesional si en los equipos no actuaban un mínimo de siete jugadores mexicanos por nacimiento, limitando así a un máximo de cuatro jugadores extranjeros en el terreno de juego.
Respecto a su alcance geográfico, el decreto legalmente solo tuvo vigencia en la capital del país (el entonces Distrito Federal). Sin embargo, su impacto terminó siendo nacional debido a la estructura del torneo, pero eso es cosa del pasado, se han dado casos en que los equipos alinean hasta 8 extranjeros incluyendo a nacionalizados. Como los cangrejos: para atrás. En otros casos, el gobierno solo está facultado para investigar, sancionar o regular aspectos del negocio del fútbol no para intervenir en cuestiones administrativas, porque los clubes son empresas privadas con políticas internas propias apegadas a las leyes de la nación. Pero en los últimos años sí se han producido intervenciones gubernamentales concretas, entre ello, el llamado pacto caballeros: autoridades federales investigaron prácticas relacionadas con la contratación y movilidad de futbolistas. Fútbol femenil: se investigaron diferencias salariales y posibles prácticas contrarias a la competencia. FAN ID: en 2026 la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a la FMF una multa de 42.85 millones de pesos por infracciones relacionadas con el tratamiento de datos personales biométricos, y ojo el tema del Ascenso y descenso: en 2026 la FMF y la Liga MX enfrentan una investigación federal por posibles prácticas monopólicas relacionadas con la eliminación del ascenso y descenso. Pero, la situación no es tan sencilla porque jurídicamente, un club profesional no es una dependencia del Gobierno, sino una persona moral privada. Eso coloca a las autoridades ante límites importantes. Al respecto, debo comentar que esta investigación, para nada se trata de defender la aberrante decisión de la Liga MX de abolir el ascenso y descenso, simplemente tratamos de poner en contexto la realidad a la que enfrenta el intento de intervención del gobierno. Y es que hay esto: en cuanto a la personalidad jurídica propia, los clubes operan mediante una sociedad mercantil o asociación con patrimonio y derechos propios. El gobierno no puede simplemente asumir su administración porque considere que existe un problema en el fútbol. Pero no es todo: la libertad de asociación y propiedad privada, señala que los accionistas tienen derechos sobre la empresa. Una intervención que implicara quitarles el control, administrar el club o modificar su patrimonio requeriría una base legal específica y, dependiendo del caso, procedimientos administrativos o judiciales. Por otra parte, ya lo anotamos la FMF tampoco es una dependencia gubernamental sino una organización privada. Por eso, cuestiones como quién administra un equipo, sus estatutos, transferencias de jugadores o determinadas reglas de competencia pertenecen, en principio, al ámbito privado, salvo que se infrinjan leyes mexicanas. Por otra parte, las empresas futbolísticas sí están sujetas a las leyes mexicanas. La distinción importante es que un club sea privado no significa que esté fuera de la autoridad del Estado. Puede ser investigado o sancionado, por ejemplo, por autoridades fiscales, laborales, de competencia económica, protección de datos, lavado de dinero o protección al consumidor, cuando corresponda. Y algo más poderoso, existe una segunda limitación: La FIFA. Los clubes y la FMF están integrados en el sistema de FIFA organismo que establece como principio que las asociaciones miembros deben administrar sus asuntos sin interferencia indebida de terceros. Eso no significa que el Gobierno mexicano pierda sus facultades legales dentro de México, pero sí puede generar un conflicto si una intervención pretende sustituir directamente a los órganos deportivos. Todo esto a raíz de una convocatoria por parte del senado para conversar sobre el tema del ascenso y descenso, a la que no acudió ningún directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, cuyo error es que por lo menos hubiesen atendido el llamado con la posibilidad de explicarles a los señores senadores todo lo que anteriormente investigamos, Así es, desafortunadamente las autoridades están atadas de manos y los equipos de ascenso o de la Liga de Expansión, corren peligro de que desde la FIFA, les llegue algo más que un llamado de atención. Debemos anotar que ante las autoridades mexicanas los equipos no están registrados con sus nombres de batalla, Guadalajara, sino Club Deportivo Guadalajara S.A de C.V y para para propósitos comerciales, operativos y de marca (así como en los avisos de privacidad oficiales del club), la institución opera principalmente a través de la razón social Chivas de Corazón, S.A. de C.V., América o Águilas, el equipo está registrado bajo la razón social de Club de Fútbol América, S.A. de C.V. A nivel corporativo y bursátil, sus operaciones se administran a través de la empresa de control Ollamani, S.A.B. (en alianza para su propiedad compartida con la firma General Atlantic bajo una entidad conjunta), pero la identidad legal directa del club deportivo sigue siendo la sociedad anónima de capital variable mencionada al inicio. Fuentes; INAHI, La Jornada y El Economista, algo de nuestra memoria y comentarios propios.
Respecto a su alcance geográfico, el decreto legalmente solo tuvo vigencia en la capital del país (el entonces Distrito Federal). Sin embargo, su impacto terminó siendo nacional debido a la estructura del torneo, pero eso es cosa del pasado, se han dado casos en que los equipos alinean hasta 8 extranjeros incluyendo a nacionalizados. Como los cangrejos: para atrás. En otros casos, el gobierno solo está facultado para investigar, sancionar o regular aspectos del negocio del fútbol no para intervenir en cuestiones administrativas, porque los clubes son empresas privadas con políticas internas propias apegadas a las leyes de la nación. Pero en los últimos años sí se han producido intervenciones gubernamentales concretas, entre ello, el llamado pacto caballeros: autoridades federales investigaron prácticas relacionadas con la contratación y movilidad de futbolistas. Fútbol femenil: se investigaron diferencias salariales y posibles prácticas contrarias a la competencia. FAN ID: en 2026 la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a la FMF una multa de 42.85 millones de pesos por infracciones relacionadas con el tratamiento de datos personales biométricos, y ojo el tema del Ascenso y descenso: en 2026 la FMF y la Liga MX enfrentan una investigación federal por posibles prácticas monopólicas relacionadas con la eliminación del ascenso y descenso. Pero, la situación no es tan sencilla porque jurídicamente, un club profesional no es una dependencia del Gobierno, sino una persona moral privada. Eso coloca a las autoridades ante límites importantes. Al respecto, debo comentar que esta investigación, para nada se trata de defender la aberrante decisión de la Liga MX de abolir el ascenso y descenso, simplemente tratamos de poner en contexto la realidad a la que enfrenta el intento de intervención del gobierno. Y es que hay esto: en cuanto a la personalidad jurídica propia, los clubes operan mediante una sociedad mercantil o asociación con patrimonio y derechos propios. El gobierno no puede simplemente asumir su administración porque considere que existe un problema en el fútbol. Pero no es todo: la libertad de asociación y propiedad privada, señala que los accionistas tienen derechos sobre la empresa. Una intervención que implicara quitarles el control, administrar el club o modificar su patrimonio requeriría una base legal específica y, dependiendo del caso, procedimientos administrativos o judiciales. Por otra parte, ya lo anotamos la FMF tampoco es una dependencia gubernamental sino una organización privada. Por eso, cuestiones como quién administra un equipo, sus estatutos, transferencias de jugadores o determinadas reglas de competencia pertenecen, en principio, al ámbito privado, salvo que se infrinjan leyes mexicanas. Por otra parte, las empresas futbolísticas sí están sujetas a las leyes mexicanas. La distinción importante es que un club sea privado no significa que esté fuera de la autoridad del Estado. Puede ser investigado o sancionado, por ejemplo, por autoridades fiscales, laborales, de competencia económica, protección de datos, lavado de dinero o protección al consumidor, cuando corresponda. Y algo más poderoso, existe una segunda limitación: La FIFA. Los clubes y la FMF están integrados en el sistema de FIFA organismo que establece como principio que las asociaciones miembros deben administrar sus asuntos sin interferencia indebida de terceros. Eso no significa que el Gobierno mexicano pierda sus facultades legales dentro de México, pero sí puede generar un conflicto si una intervención pretende sustituir directamente a los órganos deportivos. Todo esto a raíz de una convocatoria por parte del senado para conversar sobre el tema del ascenso y descenso, a la que no acudió ningún directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, cuyo error es que por lo menos hubiesen atendido el llamado con la posibilidad de explicarles a los señores senadores todo lo que anteriormente investigamos, Así es, desafortunadamente las autoridades están atadas de manos y los equipos de ascenso o de la Liga de Expansión, corren peligro de que desde la FIFA, les llegue algo más que un llamado de atención. Debemos anotar que ante las autoridades mexicanas los equipos no están registrados con sus nombres de batalla, Guadalajara, sino Club Deportivo Guadalajara S.A de C.V y para para propósitos comerciales, operativos y de marca (así como en los avisos de privacidad oficiales del club), la institución opera principalmente a través de la razón social Chivas de Corazón, S.A. de C.V., América o Águilas, el equipo está registrado bajo la razón social de Club de Fútbol América, S.A. de C.V. A nivel corporativo y bursátil, sus operaciones se administran a través de la empresa de control Ollamani, S.A.B. (en alianza para su propiedad compartida con la firma General Atlantic bajo una entidad conjunta), pero la identidad legal directa del club deportivo sigue siendo la sociedad anónima de capital variable mencionada al inicio. Fuentes; INAHI, La Jornada y El Economista, algo de nuestra memoria y comentarios propios.
antoniovelàzquez13@hotmail.com
