BITÁCORA INQUIETA

LA VIDA QUE EL ESTADO NO LOGRÓ APAGAR — SEGUNDA PARTE

DESPERTAR NO CIERRA LA HERIDA

Christa Pike recuperó el conocimiento. Su supervivencia abre nuevas preguntas sobre la justicia, la responsabilidad pública y los límites del castigo.

Jesús Octavio Milán Gil

La noticia cabe en unas cuantas palabras: Christa Pike despertó.

Después de los días de incertidumbre que siguieron al intento de ejecución del 30 de septiembre en Tennessee, sus abogados informaron el 6 de octubre que recuperó el conocimiento y puede hablar. Continúa recibiendo atención médica. Su pronóstico permanece incierto y su defensa anticipa una recuperación prolongada. Pero hay un cambio fundamental: la mujer cuya muerte había sido programada volvió a comunicarse con quienes la rodean.

No sabemos qué dijo al despertar. Sería irresponsable ponerle una frase en la boca, atribuirle una revelación o convertir su cama de hospital en escenario literario. Basta lo que conocemos. Está consciente. Puede hablar. Y esa posibilidad obliga a escuchar de otra manera una historia que el Estado esperaba terminar en silencio.

En la primera parte de esta columna nos detuvimos ante una contradicción: una ejecución había terminado en un hospital. Ahora debemos avanzar. El despertar de Pike cambia la noticia y abre una etapa distinta: la de las explicaciones, la atención médica y las responsabilidades.

Recuperar el conocimiento no equivale a recuperar la salud. Estar despierta y poder hablar son datos importantes, pero no bastan para determinar si habrá secuelas neurológicas o de otro tipo. Esa evaluación corresponde al equipo médico, mediante la exploración clínica y los estudios que considere necesarios. La noticia permite hablar de una mejoría; todavía no permite asegurar una recuperación completa.

Conviene recordarlo porque las noticias suelen pedirnos una emoción inmediata. Primero el horror; después el alivio; enseguida la siguiente noticia. Pero una persona hospitalizada permanece allí cuando nosotros ya cambiamos de pantalla. Su recuperación tiene un tiempo que no obedece al ritmo de los titulares.

También permanece otra ausencia.

Colleen Slemmer tenía diecinueve años cuando fue asesinada en 1995. Su nombre debe seguir en el centro de esta discusión. La supervivencia de quien fue condenada por su muerte no devuelve la vida que le quitaron ni resuelve el sufrimiento de quienes la quisieron.

No corresponde exigir a su familia que experimente compasión, que perdone o que adopte nuestras conclusiones. El dolor ajeno merece respeto, incluso cuando no sabemos acompañarlo. Una columna puede examinar las decisiones del Estado; no puede dictar a los deudos la manera correcta de vivir una pérdida.

Sin embargo, la autoridad pública tiene obligaciones que van más allá de las emociones de cualquiera de nosotros. Debe responder por sus actos, documentarlos y permitir que sean examinados. La gravedad del crimen cometido por una persona no convierte en irrelevante lo que después se haga con ella bajo custodia.

Allí se encuentra el asunto que el despertar vuelve más urgente.

El Estado debe explicar qué ocurrió, mostrar los registros y responder por las decisiones tomadas cuando la ejecución se convirtió en una emergencia médica. Debe esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento y cómo se atendió a Pike cuando el resultado previsto no llegó. Ninguna de esas obligaciones puede quedar sepultada bajo la afirmación de que la condenada merecía morir.

Los abogados de Pike han solicitado información y la preservación de las pruebas del procedimiento. Para reconstruir lo ocurrido habría que examinar el producto utilizado, sus registros de preparación y administración, los dispositivos intravenosos, la documentación clínica y las muestras disponibles. Cada elemento debe conservarse debidamente identificado, con un registro de quién lo recogió, custodió y examinó. Esa cadena de custodia permite evaluar la integridad de las pruebas y sustentar las conclusiones. La memoria de los participantes, por necesaria que sea, no puede cargar sola con toda la explicación.

En química aprendí que un resultado no explica por sí solo sus causas. Registrar la administración de un fármaco no demuestra cuánto llegó efectivamente a la circulación sanguínea. Esa diferencia es fundamental: la supervivencia de Pike no permite concluir, por sí sola, que el producto fuera defectuoso, que existiera una resistencia excepcional o que hubiera fallado el acceso intravenoso. Cada explicación requiere pruebas.

Una posibilidad que tendría que investigarse es la extravasación: que parte de la solución haya salido del vaso sanguíneo hacia los tejidos. La ficha oficial del pentobarbital sódico inyectable advierte que esto puede producir daño local, incluso necrosis, es decir, muerte del tejido. Se trata de un riesgo conocido del medicamento; no de una conclusión demostrada sobre lo ocurrido con Pike. Cuando está en juego una vida, las hipótesis deben conservar su nombre hasta que las pruebas permitan sostenerlas.

Esa disciplina también debería orientar nuestra conversación pública. Podemos formular un juicio ético sobre la pena de muerte sin fingir que conocemos cada detalle médico. Podemos exigir transparencia sin anunciar de antemano lo que encontrará una investigación. La indignación gana fuerza cuando acepta el trabajo de la precisión.

Hay, además, una pregunta más profunda: ¿qué esperamos obtener del castigo?

Queremos proteger a la sociedad, reconocer a las víctimas y establecer que ciertos actos tienen consecuencias graves. Pero cuando una pena pretende cerrar una historia mediante la muerte, el fracaso del procedimiento expone aquello que el lenguaje administrativo suele ocultar: hay un cuerpo sobre el que se ejerce una decisión irreversible.

Pike despertó y ese cuerpo vuelve a tener voz.

Su voz no sustituye a la de Colleen ni adquiere por ello autoridad sobre el dolor de su familia. Puede, en cambio, aportar un testimonio que deberá escucharse, contrastarse y examinarse. Una sociedad capaz de investigar no necesita elegir entre recordar a la víctima y conocer lo que ocurrió con la condenada.

Tal vez esa sea la tarea más difícil: sostener ambas responsabilidades sin utilizar una para cancelar la otra.

La noticia del despertar ofrece alivio ante una emergencia humana. También exige paciencia para conocer su evolución y firmeza para reclamar explicaciones. Celebrar que alguien recupere el conocimiento no absuelve un asesinato. Examinar un intento de ejecución tampoco disminuye el valor de la vida arrebatada.

Christa Pike ha despertado. Colleen Slemmer sigue ausente.

La justicia debe honrar la vida que fue arrebatada y responder por lo que hizo con la vida que tenía bajo su custodia. Ninguna de esas obligaciones desaparece cuando una mujer abre los ojos.