BITÁCORA INQUIETA
LA INFANCIA NECESITA MÁS QUE UNA PANTALLA SEGURA
Proteger a los niños exige responsabilidad de las plataformas, acompañamiento educativo y servicios públicos que sostengan su desarrollo.
Jesús Octavio Milán Gil
México acaba de dar un paso para proteger a sus niños en internet. El nuevo decreto sobre entornos digitales seguros coloca obligaciones frente a las plataformas: privacidad desde el diseño, mecanismos para denunciar contenidos de riesgo y herramientas de supervisión familiar.
El 14 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, vigente desde ese día. Establece obligaciones para las plataformas en materia de privacidad, denuncia de contenidos de riesgo y supervisión familiar. También fija un plazo máximo de treinta días naturales para que documenten e informen las acciones implementadas para cumplir sus disposiciones.
La noticia merece atención porque reconoce una responsabilidad que durante demasiado tiempo se descargó sobre las familias: también deben responder quienes diseñan y administran los espacios donde conviven los menores.
Pero la infancia continúa cuando se apaga el teléfono.
Del otro lado de la pantalla están la mesa donde se come, el salón donde se aprende, la calle que se atraviesa y la casa donde alguien pregunta cómo estuvo el día. Allí también se decide cuánto vale, en los hechos, la protección que una sociedad promete a sus niños.
Como maestro, me interesa esa continuidad. La educación ocurre en una vida completa. Un alumno llega al aula con curiosidad, cansancio, preguntas y preocupaciones. Puede traer una tarea incompleta, una noche difícil o un miedo que todavía no sabe nombrar. Para acompañarlo hay que mirar más allá de su conducta inmediata. Lo mismo necesita hacer el país cuando habla de proteger a la infancia.
El diagnóstico SITAN 2026 de UNICEF permite ampliar la mirada. Con información de distintos años, examina los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Reconoce avances en la reducción de la pobreza y en otros indicadores, pero señala una deuda considerable: en 2024, la pobreza infantil alcanzaba al 38.7 por ciento, alrededor de catorce millones de menores; 2.7 millones vivían en pobreza extrema.
Son cifras correspondientes a 2024. Conservar esa fecha forma parte de la honestidad con que debemos discutirlas. Su dimensión, sin embargo, obliga a preguntarnos qué condiciones estamos construyendo para quienes crecen hoy.
También corresponde reconocer los avances. Las cifras de la CEPAL presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum muestran que la pobreza por ingresos en México pasó de 45.2 por ciento en 2014 a 22.5 por ciento en 2024: una reducción promedio de aproximadamente 2.3 puntos porcentuales anuales durante esa década. Esta medición es distinta de la pobreza multidimensional que calcula el INEGI y debe leerse con esa precisión. El progreso merece reconocimiento y plantea una responsabilidad: lograr que la mejoría económica se traduzca en alimentación suficiente, aprendizaje, atención médica y seguridad para cada niño. Allí adquiere sentido humano una estadística favorable.
Detrás de esos números hay posibilidades desiguales de aprender, alimentarse y recibir cuidados. El propio diagnóstico identifica rezagos educativos, mala nutrición y violencia, con brechas especialmente profundas en comunidades indígenas y territorios marginados. Proteger a los niños en internet debe integrarse a esa realidad: una cuenta segura forma parte de sus derechos, igual que una escuela capaz de enseñar y una comunidad donde puedan vivir sin miedo.
La pregunta pública tiene que crecer junto con la medida. ¿Cómo convertiremos la protección digital en una experiencia cotidiana de cuidado?
Las plataformas tienen una tarea que debe poder evaluarse. Si un servicio obtiene ingresos de la atención de sus usuarios, corresponde exigir que explique cómo protege a los menores, cómo responde a una denuncia y qué corrige cuando sus mecanismos fallan. La responsabilidad empresarial debe reflejarse en decisiones comprobables sobre el funcionamiento de sus productos.
Un botón para denunciar sirve cuando detrás existe una respuesta oportuna. Una configuración de privacidad protege cuando resulta comprensible y permanece activada. Una herramienta de supervisión ayuda cuando las familias pueden utilizarla sin convertirse en especialistas. Allí habrá que observar los resultados de la nueva medida: en la experiencia de quienes necesitan ayuda.
También debemos cuidar la información personal de los menores. Cualquier mecanismo para reconocer su edad o atender una denuncia requiere límites claros sobre los datos que se solicitan, su resguardo y su utilización. La protección necesita procedimientos que puedan explicarse y revisarse. Padres, docentes y jóvenes tienen derecho a entenderlos.
La escuela ocupa un lugar decisivo en esta tarea. Acompañar la vida digital requiere enseñar a preguntar quién publica, con qué evidencia y para qué. También implica aprender a reconocer una manipulación, pedir autorización antes de compartir una fotografía y comprender que la dignidad de un compañero sigue siendo la misma dentro de un grupo de mensajes.
Eso se trabaja con ejemplos y conversaciones sostenidas. Una imagen que ridiculiza a un alumno puede abrir una discusión sobre consentimiento y respeto. Una noticia sin fuente permite practicar la verificación. Un mensaje que solicita datos personales ofrece la oportunidad de aprender a detenerse y consultar. La educación adquiere fuerza cuando transforma situaciones reconocibles en herramientas para decidir.
Los maestros necesitamos formación y respaldo para hacerlo. Cada nueva responsabilidad escolar debe venir acompañada de tiempo, materiales adecuados y rutas de atención. Si un docente detecta una situación de acoso o un malestar persistente, debe saber a quién acudir y qué institución dará seguimiento. La buena voluntad de una escuela tiene límites cuando trabaja sola.
Las familias necesitan ese mismo apoyo. Pedir acompañamiento supone reconocer las jornadas laborales, los cuidados y las dificultades que llenan sus días. Hay hogares donde una madre, un padre o una abuela sostienen muchas obligaciones con recursos escasos. Una política útil debe ofrecer orientación accesible y soluciones que puedan incorporarse a esa vida real.
En casa, la confianza puede empezar con preguntas sencillas: qué encontraste, quién te escribió, qué te hizo sentir incómodo. Para que un menor cuente algo difícil necesita saber que será escuchado. Si cada revelación termina en un regaño, podemos cerrar precisamente la puerta por la que debía entrar la ayuda.
Esa confianza también se aprende con el ejemplo adulto. Vale revisar cómo usamos el teléfono durante una conversación, qué imágenes familiares publicamos y con qué facilidad reenviamos una acusación. Los niños observan la relación entre nuestras recomendaciones y nuestros actos. La autoridad educativa se fortalece cuando existe coherencia.
Ahora bien, ninguna conversación familiar sustituye los servicios públicos. Un niño necesita atención médica cuando enferma, alimentación suficiente, agua segura y una escuela en condiciones de recibirlo. El cuidado digital gana sentido cuando se articula con esas garantías. La protección debe acompañar a la persona a través de los distintos espacios de su vida.
Desde Sinaloa, esa exigencia tiene una cercanía particular. La tranquilidad para llegar a clases, jugar y volver a casa forma parte de las condiciones que debemos defender. El bienestar de la infancia necesita ocupar un lugar visible en las decisiones sobre seguridad, educación y recuperación de los espacios comunitarios.
Propongo que el anuncio de protección digital abra compromisos verificables. Las plataformas deberían informar, de manera comprensible, cómo atienden las denuncias y qué resultados obtienen. Las autoridades educativas tendrían que respaldar a las escuelas con formación y protocolos útiles. Los servicios de salud y protección de la infancia necesitan rutas de atención que eviten a las familias peregrinar de una oficina a otra.
Además, conviene escuchar a quienes serán protegidos. Niñas, niños y adolescentes pueden explicar qué les preocupa, dónde encuentran ayuda y por qué a veces prefieren callar. Su participación permite corregir decisiones tomadas desde una mirada adulta que no siempre comprende lo que ocurre en sus conversaciones y comunidades digitales.
La prueba llegará cuando una familia pida ayuda. Si una niña denuncia acoso digital, ¿encontrará una plataforma que responda, una escuela que la acompañe y un servicio público que le dé atención? Ese recorrido permite medir la distancia entre el derecho escrito y el derecho ejercido. Cada institución debe asumir su parte y asegurar que la ayuda continúe donde termina su competencia. Una familia que busca protección merece encontrar una respuesta coordinada.
El presupuesto debe acompañar estos compromisos. Cada programa requiere responsables, recursos y criterios públicos para evaluar sus resultados. Una política de infancia se vuelve concreta cuando podemos identificar qué servicio mejoró, qué escuela recibió apoyo y qué familia encontró atención.
La tesis es clara: proteger a los niños exige responsabilidad de las plataformas, acompañamiento educativo y servicios públicos capaces de sostener su desarrollo. Cada parte tiene obligaciones propias y necesita coordinarse con las demás.
Celebremos los pasos que amplían sus derechos y demos seguimiento a su cumplimiento. La medida de nuestro compromiso estará en la vida que puedan llevar: aprender con confianza, pedir ayuda sin vergüenza, alimentarse bien y sentirse seguros.
Cuando un niño apague la pantalla, debe encontrar un mundo dispuesto a cuidarlo.
