BITÁCORA INQUIETA
PEMEX: EL GIGANTE QUE MÉXICO NO DEJA CAER, PERO TAMPOCO HA SABIDO LEVANTAR
La petrolera redujo su deuda y mejoró sus resultados durante 2026. Pero detrás del alivio permanece una crisis construida durante décadas: menor producción, obligaciones laborales, corrupción, decisiones políticas y proyectos cuya rentabilidad todavía debe demostrarse
JESÚS OCTAVIO MILÁN GIL
Antes de que amanezca sobre el Golfo de México, un trabajador petrolero ya se ha puesto el casco.
Revisa una válvula. Escucha el ruido de los compresores. Observa los indicadores. Camina entre tuberías marcadas por el tiempo, la humedad, la sal y décadas de operación.
Sabe que una falla pequeña puede convertirse en incendio; que una fuga puede terminar en tragedia; que detrás de cada barril producido existen riesgos que rara vez aparecen en los discursos.
A cientos de kilómetros, dentro de una oficina, otro trabajador revisa números que también pueden incendiarse:
Producción.
Deuda.
Intereses.
Pensiones.
Proveedores.
Impuestos.
Inversiones.
Vencimientos.
En Pemex, unas válvulas contienen petróleo.
Otras intentan contener la historia.
Durante décadas, los mexicanos aprendimos a mirar a Petróleos Mexicanos como algo más que una empresa. Pemex fue presentada como símbolo de independencia, herencia de la expropiación petrolera, columna de las finanzas públicas, palanca del desarrollo y patrimonio que nadie debía atreverse a cuestionar.
Se nos enseñó a defenderla.
Pero no necesariamente a vigilarla.
Y esa diferencia resultó demasiado costosa.
Pemex llega a la segunda mitad de 2026 con señales favorables que sería deshonesto ignorar. Durante el segundo trimestre reportó una utilidad operativa de 85 mil 500 millones de pesos y una utilidad neta de 18 mil millones.
Su deuda financiera se ubicó en 77 mil 500 millones de dólares al 30 de junio, una reducción de 9,1 por ciento respecto del cierre de 2025. La producción total de hidrocarburos alcanzó 2 millones 447 mil barriles de petróleo crudo equivalente diarios, 4,6 por ciento más que durante el mismo trimestre del año anterior. La producción de hidrocarburos líquidos llegó a un millón 658 mil barriles diarios.
Son avances reales.
Deben reconocerse, pero también entenderse.
La producción total de hidrocarburos no equivale únicamente a petróleo crudo. Incluye componentes como el gas natural, convertidos a barriles de petróleo equivalente. Tampoco es lo mismo extraer hidrocarburos líquidos que procesar crudo o producir gasolinas, diésel y otros petrolíferos.
Confundir esos indicadores puede convertir una recuperación parcial en un milagro estadístico.
Durante el segundo trimestre de 2026, Pemex procesó un promedio de un millón ocho mil barriles de crudo diarios y produjo un millón veintinueve mil barriles diarios de petrolíferos. Sin embargo, sus ventas nacionales de petrolíferos alcanzaron un millón 471 mil barriles diarios.
La diferencia permite comprender una realidad que los discursos sobre autosuficiencia suelen simplificar: México ha incrementado su transformación interna, pero todavía no produce todo el combustible que consume.
Pemex está mejor que hace un año en varios indicadores.
Pero mejorar después de haber descendido no significa haber resuelto el problema.
En 2004, Pemex produjo un promedio de 3 millones 383 mil barriles diarios de petróleo crudo, el máximo de su historia. En 2025, la producción de hidrocarburos líquidos —categoría más amplia que incluye crudo y condensados— promedió un millón 635 mil barriles diarios.
No son indicadores idénticos y no deben compararse como si lo fueran. Pero, incluso con esa advertencia metodológica, la dimensión de la caída resulta inocultable.
Cantarell declinó. Los grandes yacimientos envejecieron. La exploración perdió ritmo. Muchos campos nuevos resultaron más pequeños, complejos o costosos. Y el país consumió durante años los ingresos extraordinarios del petróleo sin convertirlos suficientemente en conocimiento, tecnología, exploración, mantenimiento y diversificación productiva.
México actuó como si el subsuelo fuera una cuenta bancaria inagotable: retiró los rendimientos, gastó parte del capital y se sorprendió cuando comenzó a disminuir el saldo.
Pero la caída productiva es solamente una parte de la historia.
Aunque la deuda financiera se redujo, la obligación restante continúa representando una enorme presión para la empresa y para el Estado que la respalda. Durante 2025, Pemex recibió 395 mil 300 millones de pesos en aportaciones de capital del Gobierno federal.
Apoyarla puede ser necesario para evitar una crisis de liquidez o un incumplimiento desordenado. Pero una deuda no desaparece porque cambie de ventanilla. Cuando el Gobierno utiliza recursos públicos para sostener a Pemex, el riesgo se desplaza de la empresa hacia el presupuesto nacional.
Y ese presupuesto también pertenece a los mexicanos.
Durante décadas, el Estado trató a Pemex como una formidable caja recaudadora. Le extrajo impuestos y derechos mientras la empresa necesitaba recursos para explorar, modernizar refinerías, renovar ductos, mantener instalaciones y desarrollar tecnología.
Ahora ocurre el movimiento inverso: el Estado reduce su carga fiscal y aporta recursos para ayudarla a pagar deudas, proveedores e inversiones.
Durante años sacamos dinero de Pemex hasta debilitarla.
Ahora sacamos dinero del presupuesto para impedir que caiga.
Esa contradicción es la factura de un modelo que quiso que la misma institución fuera simultáneamente empresa competitiva, símbolo nacional, fuente fiscal, generadora de empleos, plataforma de contratos y bandera electoral.
También están las obligaciones laborales. Al 31 de marzo de 2026, la reserva contable de Pemex para beneficios a los empleados ascendía a un billón 489 mil millones de pesos. Durante el primer trimestre del año, el costo neto de esos beneficios fue de aproximadamente 39 mil 400 millones. En solamente tres meses se pagaron cerca de 18 mil 500 millones por pensiones y primas de antigüedad.
No es justo responsabilizar colectivamente a los trabajadores. Quien entregó su vida laboral bajo determinadas condiciones tiene derecho a exigir que se respeten los acuerdos.
Pero proteger derechos adquiridos no impide discutir privilegios injustificables, abusos sindicales, plazas negociadas y decisiones de quienes comprometieron recursos futuros sin garantizar reservas suficientes.
Los trabajadores no construyeron solos ese sistema.
También lo hicieron gobiernos, administraciones y dirigencias sindicales.
La responsabilidad debe buscarse principalmente arriba.
México suele explicar la crisis de Pemex mediante dos relatos cómodos. Uno afirma que todo comenzó con los gobiernos neoliberales, el abandono de la empresa y la apertura al capital privado. El otro sostiene que todo se arruinó a partir de 2018 por la decisión de regresar al petróleo y a la refinación.
Ambos contienen fragmentos de verdad.
Ninguno contiene toda la historia.
Administraciones priistas utilizaron a Pemex como fuente fiscal, toleraron estructuras opacas y permitieron que intereses políticos, empresariales y sindicales penetraran profundamente en la institución. Gobiernos panistas dispusieron de ingresos petroleros extraordinarios sin convertirlos suficientemente en fortaleza productiva de largo plazo. El regreso del PRI dejó contrataciones cuestionadas y el expediente de Odebrecht, símbolo de la relación corrupta entre poder político, contratos públicos e intereses empresariales.
Los gobiernos de Morena redujeron la carga fiscal y recuperaron una visión de soberanía energética, pero también concentraron enormes recursos en refinación, debilitaron algunos contrapesos técnicos y asumieron proyectos cuyos resultados deben evaluarse más allá de las ceremonias.
La crisis no tiene un solo padre.
Tiene un árbol genealógico.
Dos Bocas ocupa un lugar central en esa discusión. La refinería Olmeca fue anunciada como la pieza decisiva para alcanzar la autosuficiencia en combustibles. Su entrada en operación ya contribuye al incremento del procesamiento nacional, y eso debe reconocerse sin regateos.
Pero producir no es lo mismo que recuperar la inversión.
La rentabilidad de una refinería solamente puede determinarse mediante años de operación estable, utilización elevada, costos transparentes, mantenimiento adecuado y márgenes verificables. La Auditoría Superior de la Federación señaló desde las primeras etapas la necesidad de revisar rigurosamente los supuestos sobre ingresos, costos, capacidad utilizada y rentabilidad.
Pemex y el Gobierno de Morena deben presentar una cuenta consolidada que permita conocer cuánto ha costado realmente la refinería, qué inversiones adicionales necesita, cuánto cuesta cada barril procesado y cuándo podría recuperarse el capital invertido.
La cifra completa no puede limitarse al presupuesto inicial ni a los contratos de construcción. Debe incorporar ampliaciones, obras complementarias, infraestructura externa, adecuaciones posteriores, financiamiento, mantenimiento y recursos todavía necesarios para alcanzar una operación estable. Solo entonces podrá calcularse el costo efectivo de cada barril procesado y compararlo con los márgenes obtenidos. También será posible estimar, mediante distintos escenarios de utilización y precios, si la inversión podrá recuperarse, en cuánto tiempo o si una parte terminará convirtiéndose en un subsidio permanente.
Sin esa información, cualquier sentencia definitiva —éxito absoluto o fracaso total— será política antes que financiera.
Deer Park ofrece un contraste útil. Durante el primer trimestre de 2026, la refinería ubicada en Texas registró un rendimiento de operación de aproximadamente 11 mil 200 millones de pesos dentro de la información por segmentos de Pemex.
Es un resultado favorable para ese periodo. Pero una refinería rentable en Texas no convierte automáticamente en rentable a todo el Sistema Nacional de Refinación. Las instalaciones mexicanas han sufrido durante décadas mantenimiento insuficiente, paros, accidentes, baja utilización y una producción elevada de combustóleo.
Refinar más no siempre significa ganar más.
Una empresa puede incrementar el volumen procesado y perder dinero si sus costos, fallas, configuración tecnológica o márgenes comerciales trabajan en su contra. La soberanía debe medirse también por el costo económico, la seguridad industrial, la calidad de los combustibles y el impacto ambiental.
Pemex no solamente carga deuda financiera y obligaciones laborales. Carga ductos clandestinamente perforados, contratos irregulares, proveedores favorecidos, equipos deteriorados, robos de combustible, sobrecostos, conflictos de interés, redes internas de complicidad e investigaciones cuyas responsabilidades terminaron diluyéndose.
La corrupción petrolera no pertenece exclusivamente a una ideología. Cambia de administradores, intermediarios, empresas, funcionarios y discursos, pero conserva un mecanismo semejante: convertir una institución pública en oportunidad privada y después pedir a la nación que pague las pérdidas.
Tampoco debe olvidarse el costo humano y ambiental. Cada explosión, incendio, fuga, derrame o accidente puede revelar mantenimiento diferido, supervisión insuficiente, envejecimiento de instalaciones o presiones por sostener la producción.
Los trabajadores se encuentran en la primera línea de esos riesgos. Las comunidades reciben contaminación en el agua, el suelo y el aire. Y el país acumula pasivos ambientales que rara vez aparecen completos cuando se presume el valor económico de un proyecto.
Extraer más petróleo mientras se desperdicia gas, aumentan las emisiones o se deterioran ecosistemas no constituye una expresión plena de soberanía.
Es trasladar una deuda del balance financiero al territorio.
Pemex continúa siendo estratégica. Posee infraestructura, conocimiento, información geológica, capacidad logística, personal especializado y una presencia territorial que ningún actor privado podría sustituir rápidamente.
Dejarla caer sería irresponsable.
Pero utilizar su importancia para impedir cualquier evaluación crítica también lo es.
Entre privatizarla y financiar indefinidamente sus desequilibrios existe una tercera ruta: profesionalizar su gobierno corporativo; publicar contratos y resultados; someter los grandes proyectos a evaluaciones técnicas independientes; separar las decisiones empresariales de los calendarios electorales; invertir donde exista viabilidad geológica, económica, social y ambiental; combatir la corrupción alcanzando al funcionario, al empresario y al dirigente sindical; cumplir los derechos laborales sin crear nuevos compromisos carentes de respaldo financiero, y aprovechar las capacidades de Pemex para acompañar la transición energética.
El petróleo todavía será necesario durante años.
Pero el futuro no puede consistir únicamente en extraer más del pasado.
Las nuevas generaciones heredarán los yacimientos, las refinerías, las plataformas y los ductos. También recibirán la deuda, las pensiones, los daños ambientales y los proyectos que hoy decidamos sostener sin preguntar cuánto cuestan.
No basta con repetir que Pemex pertenece al pueblo.
También sus obligaciones pertenecen al pueblo.
Sus pérdidas terminan pagándose con recursos que podrían financiar hospitales, escuelas, sistemas de agua, ciencia, carreteras o energías más limpias.
Por eso exigir resultados no es atacar a Pemex.
Es defenderla de quienes utilizan su nombre como bandera para evitar rendir cuentas.
Mañana, antes de que vuelva a amanecer sobre el Golfo, aquel trabajador se colocará nuevamente el casco. Revisará la válvula. Escuchará los compresores. Observará los indicadores. Cumplirá con su responsabilidad porque sabe que ignorar una señal puede provocar una catástrofe.
México debería aprender de él.
Los indicadores de 2026 muestran avances que merecen reconocimiento. Pero también existen señales acumuladas durante décadas que no podemos seguir apagando con discursos.
Porque salvar a Pemex no consiste en pagar indefinidamente para que permanezca igual.
Consiste en transformarla antes de que su deuda, sus errores y nuestro miedo a discutirla terminen hundiendo también al país que pretende sostener.
