BITÁCORA INQUIETA
LA CONFIANZA NO CABE EN UNA URNA
Los datos del INEGI muestran un retroceso en la confianza electoral; recuperarla exige independencia comprobable, decisiones transparentes y consecuencias para quienes violan las reglas.
Jesús Octavio Milán Gil
México tiene una advertencia sobre la mesa: la confianza en sus institutos electorales cayó de 54.7 % en 2023 a 48.1 % en 2025 entre la población adulta de las ciudades de cien mil habitantes o más. El descenso de 6.6 puntos porcentuales, registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), plantea un problema que rebasa a las autoridades encargadas de organizar las elecciones: cuando se debilita la credibilidad del árbitro, también se vuelve más difícil que una sociedad acepte el resultado de la competencia.
La cifra obliga a mirar más allá de las urnas. ¿Cómo se sostiene la autoridad de quienes cuentan los votos cuando disminuye la confianza en su trabajo? ¿Qué deben corregir las instituciones y qué responsabilidad tienen los partidos que las desacreditan? La pregunta atraviesa cualquier simpatía política: sin reglas creíbles, cada elección corre el riesgo de prolongarse en una disputa sobre la legitimidad del vencedor.
Los resultados proceden de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicados el 21 de mayo de 2026 y consultados para esta columna con fecha de corte al 30 de octubre. Su año de publicación debe distinguirse del periodo medido, describen percepciones recabadas en 2025.
La encuesta tuvo una muestra nacional de 46 mil viviendas. Su cobertura urbana importa: las cifras no deben extenderse automáticamente a las comunidades rurales. Tampoco permiten confundir al INEGI, que produce la estadística, con el Instituto Nacional Electoral (INE), que forma parte del sistema de autoridades electorales evaluado.
El indicador suma las respuestas de “mucha” y “algo de confianza” y se refiere a “institutos electorales”. No permite adjudicar automáticamente ese porcentaje al INE por separado, ni convertir el resto en un bloque uniforme de desconfianza. Exigir precisión no debilita la crítica: impide que termine convertida en aquello que denuncia.
Hechas esas distinciones, el problema permanece. Entre ambas mediciones, la estimación descendió de una mayoría a menos de la mitad de la población representada. No hace falta inflar el lenguaje para reconocer la advertencia.
La gestión de Guadalupe Taddei, cuyo periodo al frente del INE comenzó en abril de 2023, queda atravesada por este deterioro. Un recuento periodístico reproducido por Agua Quemada y atribuido a MILENIO señala retrocesos entre 2023 y 2025 en 30 de las 32 entidades federativas, con descensos superiores a diez puntos porcentuales en Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Baja California, Puebla y Jalisco. La coincidencia temporal no demuestra que una sola funcionaria haya causado toda la caída: ambas mediciones fueron realizadas después del inicio de su gestión. Pero el deterioro sí obliga a examinar las decisiones adoptadas durante su presidencia y el desempeño de las autoridades locales. Quienes dirigen las instituciones deben responder por su conducción; la autonomía pierde fuerza cuando se invoca para eludir explicaciones.
La crisis adquirió nombres y decisiones concretas. Guadalupe Taddei anunció el 25 de octubre su renuncia a la presidencia del INE, que presentaría al día siguiente, alegando la protección de la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos electorales; su salida no equivale a una resolución de culpabilidad ni cancela las investigaciones. A esa exigencia de esclarecimiento se suma otra sobre la selección de perfiles: Arturo Manuel Chávez López pasó de dirigir Talleres Gráficos de México, proveedor de materiales electorales, al Consejo General del INE por designación de la Cámara de Diputados el 21 de abril de 2026, dentro de un acuerdo aprobado con 334 votos a favor y 127 en contra. Su perfil oficial destaca la sociología política, la docencia y la administración pública, pero no documenta una carrera prolongada en la organización de elecciones. Corresponde a quienes respaldaron su nombramiento explicar cómo acreditaron su idoneidad e independencia y cómo se prevendrán posibles conflictos de interés derivados de su cargo anterior. Haber reunido los votos necesarios permite ocupar una silla; merecer la confianza pública exige mucho más.
En el fondo de una casilla hay algo más delicado que las boletas. Hay una promesa: que la decisión de una persona valdrá lo mismo que la de cualquier otra, aunque viva lejos del poder, carezca de influencias o haya pasado la vida perdiendo discusiones frente a una ventanilla. Esa promesa acompaña al ciudadano cuando sale de casa y vuelve con él cuando escucha los resultados.
Si la promesa se vuelve dudosa, la democracia empieza a perder algo que ninguna campaña publicitaria puede reponer por sí sola.
Por eso resulta insuficiente responder a una caída de confianza con ceremonias de autoelogio. Una autoridad electoral debe explicar qué hace, cómo decide, cuánto cuesta su trabajo y qué ocurre cuando alguien incumple las reglas. La autonomía necesita ser visible en las decisiones difíciles, especialmente cuando afectan a quienes tienen capacidad de presionar.
La independencia se acredita cuando la misma conducta recibe el mismo examen, sin que el tamaño de un partido, la cercanía de un gobierno o el volumen de una protesta alteren el criterio. Allí comienza la confianza: en la posibilidad de anticipar que las reglas seguirán siendo las mismas después de conocer el nombre del infractor.
La encuesta no demuestra por qué cayó el indicador. Atribuir todo el descenso a una reforma, a un funcionario o a una campaña de desprestigio exigiría evidencia adicional. Pero esa limitación tampoco autoriza a las instituciones a desentenderse. Les corresponde investigar las razones, escuchar las objeciones y someter su desempeño a evaluación.
Hay una diferencia entre rendir cuentas y organizar una defensa de imagen. La primera permite que los hechos corrijan a la institución; la segunda busca que el público cambie de opinión sin que necesariamente cambie la conducta.
La claridad de las resoluciones forma parte de esa responsabilidad. Una decisión puede estar jurídicamente fundamentada y, aun así, resultar incomprensible para la mayoría. Quien ejerce autoridad debe poder explicar qué ocurrió, qué pruebas examinó, qué norma aplicó y por qué llegó a esa conclusión. La explicación ciudadana debe acompañar al expediente técnico.
Cuando esa explicación falta, queda un espacio disponible para versiones interesadas. Una resolución que llega al ciudadano únicamente a través de sus adversarios pierde la oportunidad de ser juzgada por sus razones.
Los partidos tienen responsabilidades propias. Deben aportar pruebas cuando denuncian irregularidades y responder por el uso de recursos, por su conducta y por las infracciones que se acrediten. La crítica a una autoridad es un derecho democrático; convertir cualquier derrota en una acusación automática de fraude deteriora las condiciones para competir de nuevo.
También debe rechazarse el recurso inverso: invocar la defensa de las instituciones para clausurar preguntas legítimas. Ningún organismo merece inmunidad frente al escrutinio. Defender su independencia incluye exigir que corrija errores y que responda ante faltas comprobadas.
Una democracia adulta necesita sostener ambas exigencias: investigar las denuncias fundadas y pedir evidencia a quienes acusan. La lealtad partidista no puede decidir cuál de las dos corresponde aplicar.
Porque la desconfianza, por extendida que esté, no prueba un fraude. Y la confianza, por elevada que llegue a ser, tampoco certifica la integridad de cada procedimiento. Los hechos requieren investigación, documentos y resoluciones. Una encuesta describe percepciones; no sustituye el examen de una elección.
Esta distinción tiene consecuencias prácticas. Si confundimos opinión con prueba, entregamos la verdad al grupo que consiga movilizar más sospechas. Si despreciamos la opinión ciudadana porque no equivale a una sentencia, dejamos de escuchar una señal que puede advertir fallas reales.
Desde Sinaloa, en el noroeste de México, esta discusión tiene una dimensión cercana: el derecho a exigir autoridades independientes pertenece por igual a quien vive en una capital y a quien habita una comunidad pequeña. La calidad de la democracia debe poder reconocerse en el trato que recibe cada ciudadano, lejos de los reflectores y de las ceremonias oficiales.
La recuperación de la confianza necesita compromisos que puedan revisarse después del discurso.
Primero, quienes intervienen en los nombramientos deben hacer públicos los criterios, trayectorias y posibles conflictos de interés de las personas propuestas. La ciudadanía debe poder entender por qué una candidatura reúne las condiciones necesarias para ejercer una responsabilidad electoral.
Segundo, las autoridades deben publicar versiones claras de sus decisiones relevantes, con acceso a los documentos que las sostienen y respeto a la información legalmente protegida. La transparencia sirve cuando permite reconstruir el razonamiento.
Tercero, la fiscalización y las sanciones necesitan seguimiento público: qué se investigó, cuánto tardó, qué se acreditó y cuál fue la consecuencia definitiva. Una infracción cuya respuesta se extravía durante años transmite una lección de impunidad.
Cuarto, el desempeño debe evaluarse con criterios públicos: calidad del servicio, oportunidad de las respuestas, corrección de errores y cumplimiento de obligaciones. Las evaluaciones independientes deben conducir a mejoras identificables.
Finalmente, hace falta educación cívica que enseñe a revisar pruebas, distinguir competencias y formular denuncias. El ciudadano necesita herramientas para vigilar a las autoridades y para reconocer cuándo alguien intenta utilizar su indignación.
La confianza no regresará por decreto. Volverá, si vuelve, mediante una acumulación paciente de decisiones que resistan el examen público. Habrá que ganarla en cada nombramiento explicable, en cada sanción sustentada, en cada error reconocido y corregido.
El 48.1 % debe permanecer sobre la mesa como una pregunta dirigida a quienes administran nuestra vida electoral: ¿qué van a hacer para merecer una confianza mayor? La respuesta tendrá que aparecer en los hechos. Porque el día de la elección el ciudadano deposita una boleta, pero entrega algo más: la esperanza de que su voz seguirá contando cuando se cierre la urna.
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