BITÁCORA INQUIETA
LOS QUE TODAVÍA NO TIENEN DÓNDE LLEVAR UNA FLOR
En el Día de Muertos, las familias de personas desaparecidas nos recuerdan que la memoria también exige búsqueda, verdad y justicia.
Jesús Octavio Milán Gil
El 1 de noviembre, en vísperas de la jornada dedicada a recordar a los muertos, se publicó una denuncia que obliga a detenernos, familiares de personas desaparecidas en Sinaloa señalaron retrasos en las búsquedas y carencias para realizar trabajos de identificación humana. Rosa Neriz, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda, zona centro, habló de diligencias programadas con tres a cinco meses de demora y de solicitudes pendientes desde 2022. También denunció que la falta de reactivos había obligado a enviar muestras genéticas a otros estados.
Son señalamientos de las familias; corresponde a las instituciones esclarecer cada caso, mostrar los registros y responder con resultados comprobables. Pero su gravedad merece atención pública desde ahora. Una denuncia de esta naturaleza no puede perderse entre las noticias de un fin de semana.
La dimensión de esta ausencia tiene antecedentes medibles. Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, reportó para Culiacán 2,250 personas desaparecidas y no localizadas, con corte al 16 de mayo de 2026. En su análisis estatal, el 58.93 % de los casos correspondía a personas de entre 20 y 39 años. Son cifras de aquel corte, no un balance actualizado al 2 de noviembre. Su peso humano permanece, vidas jóvenes y adultas cuya ausencia atraviesa familias y comunidades enteras.
Este 2 de noviembre, mientras México honra a sus difuntos, hay familias que siguen buscando a una persona cuyo destino desconocen. Conviene decirlo con precisión y respeto, una persona desaparecida no debe ser dada por muerta. Buscarla con vida y esclarecer su paradero sigue siendo la exigencia. Recordar esta diferencia es indispensable para no convertir una fecha de duelo en una sentencia sobre quienes todavía pueden regresar.
El país conoce los caminos de cempasúchil, el pan compartido, las fotografías sobre el mantel y las veladoras que acompañan los nombres. Esa tradición tiene una hondura que merece cuidarse. También merece ampliarse nuestra mirada hacia quienes atraviesan noviembre sin una respuesta, sin saber qué ocurrió, sin poder decidir siquiera cómo nombrar su ausencia.
Porque hay una diferencia inmensa entre extrañar a quien sabemos dónde está y esperar a quien no sabemos dónde buscar.
La incertidumbre impide ordenar la vida. ¿Cómo hacer planes cuando cualquier llamada puede traer una noticia? ¿Cómo descansar cuando permanece abierta la pregunta por el paradero de alguien amado? Ningún calendario administrativo alcanza a expresar lo que significa aplazar una diligencia para una familia que mide el tiempo desde la última vez que vio a su hijo, a su hermana, a su padre.
Tres meses pueden parecer un plazo manejable dentro de una oficina. Para quien espera, cada día necesita una explicación. Y cuando una solicitud lleva años pendiente, la autoridad tiene que mostrar qué hizo durante ese tiempo, qué obstáculos encontró y quién asumió la responsabilidad de resolverlos.
La explicación tiene que llegar acompañada de soluciones. Si falta personal, debe conocerse cuántas plazas hacen falta y cuándo se cubrirán. Si faltan vehículos, equipo o coordinación, debe precisarse cómo se resolverá. Cada obstáculo necesita una decisión que permita seguir buscando.
Como ciudadano, me detengo en una palabra de la denuncia: reactivos. Suena pequeña frente al tamaño de la tragedia. Sin embargo, detrás de ese término está la posibilidad de que un procedimiento avance o permanezca detenido. Un laboratorio necesita insumos, personal competente y trabajo continuo. Una compra tardía puede trasladar sus consecuencias mucho más allá del almacén.
La ciencia adquiere aquí una dimensión profundamente humana. Al otro lado de cada muestra existe una pregunta familiar. Por eso importa saber si el material fue recibido, si puede procesarse, quién dará seguimiento y cómo se comunicarán los resultados. Cada paso requiere rigor; también requiere que alguien explique el camino a quienes esperan.
Enviar muestras a otra entidad puede ser una alternativa necesaria. La colaboración debe tener seguimiento y responsables identificables. Las familias necesitan saber dónde continúa el trabajo y cuándo recibirán información. El traslado de una muestra no puede acabar convirtiéndose en otro recorrido sin respuesta.
El rezago forense añade otra dimensión. El 14 de octubre de 2026, Micaela González Heras, de la Brigada Estatal de Búsqueda, señaló que había más de 400 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense de la zona centro. La cifra corresponde a lo informado por las buscadoras; no constituye un inventario oficial confirmado de todo Sinaloa. En ese mismo reporte planteó una necesidad de al menos 90 millones de pesos para 2027, según lo que les había expuesto la Fiscalía. Es una demanda presupuestal, todavía distinta de una asignación aprobada. Ambas cifras obligan a pedir a las autoridades un balance público y preciso del rezago y de los recursos necesarios para atenderlo.
También debemos cuidar el lenguaje. La expresión “restos humanos” puede ser necesaria en un informe pericial, pero nunca debe borrar la condición de persona. Cada identificación debe tratarse con rigor y respeto, evitando anuncios precipitados, filtraciones o cualquier uso del dolor como propaganda.
Escuchar a las buscadoras implica reconocer el alcance de sus preguntas. Cuando exigen información sobre un expediente, una diligencia o una muestra, están pidiendo que las instituciones cumplan su tarea. Su insistencia merece atención, aunque incomode, aunque obligue a revisar decisiones, aunque desmienta la tranquilidad de un informe.
Con frecuencia se elogia su fortaleza. Hace falta detenerse en lo que ese elogio puede esconder, una sociedad acostumbrándose a que las familias sostengan, con su tiempo y sus recursos, una tarea que exige responsabilidad pública. Admirar su perseverancia debe llevarnos a respaldar sus exigencias y a preguntar por qué han tenido que perseverar tanto.
La exigencia puede formularse con claridad. Hace falta un diagnóstico verificable de las búsquedas pendientes y de la capacidad de identificación, con información que proteja los datos personales y las investigaciones. Después, un programa de trabajo con responsables, recursos y fechas de revisión. Finalmente, un mecanismo que permita a cada familia conocer los avances de su caso sin recorrer una y otra vez las mismas oficinas.
El presupuesto merece especial atención. La discusión debe distinguir entre dinero anunciado, autorizado, ejercido y convertido en resultados. Para evaluar una política de búsqueda necesitamos conocer qué servicios sostuvo, qué capacidades fortaleció y qué pendientes logró atender. Las cifras deben servir para comprender y corregir, además de rendir cuentas.
Existe, además, un compromiso documental concreto. El convenio de subsidios de búsqueda para Sinaloa de 2026, consultado en el Sistema de Información del Diario Oficial de la Federación, establece una asignación federal de 34,169,300.37 pesos y una coparticipación estatal de 5,252,000 pesos: suman 39,421,300.37 pesos para ese instrumento. Esa suma no equivale al presupuesto total de todas las instituciones involucradas ni acredita que el dinero ya haya sido transferido o gastado. Permite formular una pregunta verificable: ¿cuánto se recibió, cuánto se aplicó y qué acciones financió? El propio convenio contempla informes trimestrales y divulgación de avances físicos y financieros. Publicarlos permitiría contrastar los compromisos con los resultados.
Y debe existir una revisión independiente de las demoras denunciadas. Si hubo omisiones, corresponde establecer responsabilidades mediante investigaciones serias. Si faltan capacidades, corresponde crearlas. Si la coordinación falla, corresponde corregirla. La complejidad de una tarea obliga a trabajar mejor; no vuelve aceptable una espera indefinida.
A nosotros, como sociedad, también nos toca algo. Evitar el rumor, respetar la privacidad, compartir información comprobada y rechazar las insinuaciones que culpan a una persona de su propia desaparición. Ninguna familia debería tener que demostrar primero que merece nuestra compasión para conseguir atención institucional.
La repetición de las noticias puede desgastar nuestra sensibilidad. Ahí comienza otra forma del abandono: cuando un nombre más deja de conmovernos. Resistir ese desgaste exige mirar cada expediente como una vida que importa, con vínculos, afectos y personas pendientes de su regreso.
Este Día de Muertos, la memoria puede ayudarnos a comprender esa responsabilidad. El cuidado con que preservamos la fotografía de quienes murieron debe extenderse al nombre de quienes seguimos buscando. Honrar una vida también consiste en impedir que su ausencia se pierda entre trámites.
Para las familias, la respuesta más valiosa puede comenzar con algo concreto: una diligencia realizada, una pista investigada a tiempo, una muestra procesada, una explicación honesta. Es ahí donde la voluntad pública se vuelve reconocible. Es ahí donde una promesa empieza a tener valor.
México sabe acompañar a sus muertos con flores. Debe aprender a acompañar a quienes buscan con la misma constancia, con recursos y con justicia.
Que ninguna autoridad confunda la paciencia de una familia con permiso para aplazar su deber. Mientras falte alguien, la obligación de buscar permanece.
Las flores pueden esperar una fecha. La búsqueda de una persona, nunca.
