BITÁCORA INQUIETA
CUANDO LA GRATUIDAD LLEGÓ HASTA EL TÍTULO UNIVERSITARIO
Cuando una sentencia judicial empieza a cambiar el final de la universidad mexicana
Jesús Octavio Milán Gil
Hay decisiones que no hacen ruido en las calles, pero cambian la arquitectura silenciosa de un país.
No son revoluciones.
No son elecciones.
No son guerras.
Son sentencias.
Una de ellas ocurrió recientemente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso que, a primera vista, parecía un detalle administrativo, pero que en realidad toca uno de los nervios más sensibles del sistema educativo mexicano, los requisitos académicos indispensables para titularse en universidades públicas no pueden convertirse en cobros obligatorios cuando forman parte del proceso educativo.
Dicho de otro modo: si un requisito es indispensable para concluir una licenciatura, no debería convertirse en una barrera económica para obtener el título profesional.
La resolución parece técnica.
Pero sus implicaciones son profundas.
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La frontera invisible de la universidad
Durante décadas la educación pública en México funcionó bajo una especie de acuerdo no escrito.
Entrar a la universidad era relativamente accesible.
Estudiar era posible.
Pero graduarse muchas veces tenía precio.
Cursos de titulación.
Diplomados obligatorios.
Seminarios finales.
Exámenes profesionales.
Trámites administrativos.
El último tramo de la universidad —ese puente entre estudiante y profesionista— estaba lleno de pequeñas cuotas que, sumadas, podían convertirse en un obstáculo real.
No siempre eran montos exorbitantes.
Pero para miles de jóvenes significaban meses de salario o incluso la postergación indefinida del título.
Era una paradoja silenciosa.
El país abría la puerta del conocimiento, pero muchas veces cobraba la salida.
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La semilla constitucional
El origen de esta discusión se encuentra en la reforma constitucional de 2019.
Ese año el Artículo 3° fue modificado para establecer un principio que durante décadas había sido una aspiración histórica: la educación superior pública debe ser gratuita.
La frase parecía clara.
Pero en las universidades surgió una pregunta inevitable:
¿Hasta dónde llega esa gratuidad?
¿Hasta el acceso a las clases?
¿Hasta el último semestre?
¿O hasta el momento de obtener el título profesional?
Durante años la respuesta quedó en una zona gris.
Muchas instituciones continuaron cobrando diversos requisitos finales bajo el argumento de que eran servicios adicionales y no parte estricta de la enseñanza.
La reciente resolución judicial parece empezar a dibujar esa frontera.
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Cuando el título deja de ser una barrera económica
El caso que llegó al máximo tribunal partió de una situación aparentemente simple.
Un estudiante impugnó el pago de un curso que era requisito obligatorio para titularse.
El litigio llegó a la Suprema Corte mediante el Amparo en Revisión 527/2025, promovido por un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México que cuestionó el cobro del Curso de Comprensión de Lectura, requisito exigido para liberar el proceso de titulación.
El Pleno del máximo tribunal analizó el problema desde un principio constitucional básico: si un requisito forma parte indispensable del proceso académico para concluir una licenciatura, entonces está vinculado con el derecho a la educación.
“La gratuidad en la educación superior debe extenderse a los elementos esenciales que permiten acreditar una licenciatura y obtener el título profesional correspondiente”, sostuvo la Corte.
Al tratarse de un requisito indispensable para obtener el título, el cobro resultaba incompatible con el principio de gratuidad establecido en el artículo 3° constitucional.
Por ello el tribunal concedió el amparo y ordenó la devolución del dinero pagado por el estudiante, fijando además un criterio que puede impactar a todas las universidades públicas del país.
La lógica jurídica es sencilla.
Pero sus consecuencias pueden ser enormes.
Porque el criterio sugiere que la gratuidad universitaria no termina necesariamente en el aula, sino que podría extenderse hasta el momento en que el estudiante completa su formación académica.
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El impacto en las universidades
La discusión inevitablemente alcanza a algunas de las instituciones más grandes del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o universidades estatales como la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente.
Durante años, muchas universidades han financiado parte de sus servicios mediante:
. cursos de titulación
. diplomados de egreso
. seminarios profesionales
. pagos por trámites administrativos finales
. derechos de examen profesional
Si estos cobros empiezan a cuestionarse jurídicamente, el sistema universitario enfrentará una pregunta inevitable:
¿quién financiará el último tramo de la educación superior?
El Estado.
Los presupuestos públicos.
O una nueva ingeniería administrativa que todavía no ha sido diseñada.
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Un nuevo horizonte jurídico para los estudiantes
Para los jóvenes universitarios el significado del fallo es evidente.
La resolución abre la posibilidad de impugnar cobros obligatorios relacionados con la titulación cuando éstos formen parte esencial del proceso académico.
Es probable que en los próximos años aparezcan nuevos litigios y amparos en distintos estados del país.
No sería extraño.
Las transformaciones legales suelen comenzar así: con un caso individual que termina modificando el sistema completo.
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El debate de fondo
Pero más allá de los tribunales, el debate es más profundo.
Durante décadas México discutió cómo ampliar el acceso a la universidad.
Hoy la conversación empieza a desplazarse hacia otra pregunta igual de importante:
¿quién puede terminarla?
Porque una carrera inconclusa no es una carrera.
Y un estudiante que no puede pagar el proceso final de titulación es, en muchos sentidos, un profesionista detenido en la puerta.
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Colofón
Las grandes transformaciones del país no siempre llegan con discursos.
A veces llegan con una firma al pie de una sentencia.
Y esa sentencia parece recordarle a México algo que durante años se había olvidado:
La educación pública no termina cuando se apaga el proyector del aula.
Termina cuando el estudiante recibe su título…
y la puerta de la universidad finalmente se abre hacia el futuro.
Nos leemos en la siguiente columna.
